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📜"Cuba ante la pregunta esencial: ¿existe realmente un Estado de Derecho?"
Desde la Redacción CubaHoy
Hablar de un Estado de Derecho no significa simplemente hablar de tener una Constitución, tribunales, leyes, policías y funcionarios. Significa algo mucho más profundo: que el poder del Estado también está sometido a la ley, que los ciudadanos pueden exigir el respeto de sus derechos y que existen instituciones capaces de protegerlos incluso frente al propio Gobierno.

Ese es precisamente el punto donde la realidad cubana plantea una pregunta difícil, pero necesaria:

¿Hasta qué punto puede hablarse de un Estado de Derecho cuando los derechos reconocidos jurídicamente no siempre cuentan con mecanismos independientes y efectivos para ser ejercidos frente al poder?

La Constitución cubana reconoce derechos, garantías y principios jurídicos. Sin embargo, el Estado de Derecho no se mide solamente por lo escrito en una Constitución. Se mide por la capacidad real de una persona para reclamar cuando una autoridad viola sus derechos; por la independencia de los tribunales; por la existencia de libertades públicas; por el pluralismo político; por la posibilidad de expresar una opinión diferente sin temor a represalias y por la existencia de controles efectivos sobre quienes ejercen el poder.

En febrero de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una nueva ola de represión estatal en Cuba contra periodistas y ciudadanos que ejercían derechos relacionados con la expresión, la asociación y la reunión pacífica.

La propia CIDH ha advertido además sobre un agravamiento de la crisis humanitaria cubana dentro de un contexto que califica de ausencia de institucionalidad democrática y de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Esto lleva el debate más allá de la política partidista.

El ciudadano frente al Estado

En un verdadero Estado de Derecho, el ciudadano no debería necesitar estar de acuerdo con el Gobierno para disfrutar de sus derechos.

El derecho a expresarse no pertenece únicamente a quien apoya al poder. La libertad de reunión no puede depender de la opinión política de quienes participan. El derecho a reclamar por la falta de alimentos, agua, electricidad, medicamentos o servicios públicos tampoco debería convertirse en un problema político simplemente porque la protesta incomode a las autoridades.

El principio fundamental es sencillo:

El Estado existe para proteger los derechos de las personas, no para decidir cuáles personas merecen ejercerlos.

Y precisamente ahí aparece una de las mayores contradicciones del debate cubano actual.

La crisis económica también es una cuestión de derechos

Cuando una sociedad enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos, dificultades para acceder al agua, medicamentos insuficientes y una pérdida considerable del poder adquisitivo, el problema deja de ser exclusivamente económico.

También se convierte en una cuestión institucional.

Porque un Estado de Derecho debe permitir que los ciudadanos puedan preguntar:

¿Quién responde?

¿Quién responde cuando una familia pasa días sin electricidad?

¿Quién responde cuando un trabajador no puede vivir dignamente de su salario?

¿Quién responde cuando una persona reclama pacíficamente ante una autoridad?

¿Quién controla al funcionario que abusa de su poder?

¿Ante qué institución independiente puede acudir un ciudadano si considera que el propio Estado violó sus derechos?

La existencia de estas preguntas no significa automáticamente que todas las respuestas sean negativas. Pero sí demuestra que el Estado de Derecho exige algo más que leyes: exige instituciones capaces de hacerlas valer frente al poder.

La economía también necesita seguridad jurídica

La discusión económica cubana de 2026 demuestra otra dimensión del problema.

El Gobierno ha anunciado numerosas reformas destinadas a modificar el funcionamiento económico y otorgar mayor autonomía a determinadas empresas y actores económicos. Pero distintos análisis han señalado que persisten dudas sobre las garantías jurídicas, la transparencia y la separación de poderes.

Esto es fundamental.

Un empresario, un trabajador privado, un productor agrícola o un ciudadano común necesita saber que las reglas no cambiarán arbitrariamente y que, si existe un conflicto con una institución estatal, tendrá acceso a una justicia independiente.

Sin seguridad jurídica, tampoco existe verdadera libertad económica.

El Estado de Derecho no pertenece a la izquierda ni a la derecha

Este concepto tampoco debería convertirse en una bandera exclusiva de una ideología.

Un Estado de Derecho no es de izquierda ni de derecha.

Es un sistema en el que el poder tiene límites.

Un Gobierno puede defender una economía socialista, capitalista o mixta y, al mismo tiempo, respetar la ley, garantizar libertades fundamentales y permitir controles institucionales.

La verdadera prueba está en otra parte:

¿Puede el ciudadano decirle "no" al poder sin perder sus derechos?

¿Puede criticar al Gobierno sin convertirse en enemigo del Estado?

¿Puede protestar pacíficamente sin ser tratado como delincuente por expresar una demanda?

¿Puede acudir ante un tribunal independiente cuando considera que una autoridad abusó de su poder?

Si la respuesta es negativa, el problema no es solamente político. Es una debilidad profunda del Estado de Derecho.

Cuba necesita discutir algo más profundo que quién gobierna

La discusión cubana no debería limitarse a preguntar quién ocupará el poder mañana.

La pregunta fundamental debería ser:

¿Qué límites tendrá el poder que gobierne mañana?

Porque sustituir a un Gobierno sin cambiar las reglas que permiten la concentración excesiva del poder podría dejar intacto el problema fundamental.

Cuba necesita instituciones que sobrevivan a los gobernantes.

Necesita una justicia capaz de actuar independientemente.

Necesita derechos que no dependan de la ideología del ciudadano.

Necesita libertad de expresión, asociación y reunión protegidas en la práctica.

Necesita transparencia y mecanismos efectivos para exigir responsabilidad a los funcionarios.

Y necesita que la ley sea realmente superior al poder político.

La verdadera transformación

La construcción de un Estado de Derecho no significa únicamente cambiar leyes.

Significa cambiar la relación entre el ciudadano y el Estado.

Pasar de un modelo en el que el ciudadano espera lo que el poder decide a uno en el que el poder tiene que responder ante el ciudadano y ante la ley.

Ese sería uno de los cambios más profundos que podría experimentar Cuba.

Porque la verdadera pregunta no es solamente si Cuba tiene leyes.

La pregunta es si esas leyes protegen al ciudadano incluso cuando el ciudadano se enfrenta al poder.

Ahí está la diferencia entre tener un sistema jurídico y vivir realmente bajo un Estado de Derecho.

Y quizás esa sea una de las conversaciones más importantes que Cuba necesita tener hoy.