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🇨🇺 "Digitalización por decreto: cuando la obligación choca con la realidad cubana".

La digitalización de los servicios de pago puede representar un avance para cualquier economía cuando existe la infraestructura tecnológica necesaria para sostenerla. Sin embargo, en Cuba la realidad parece ir en sentido contrario. Mientras el Estado obliga a los trabajadores por cuenta propia y a otros emprendedores privados a utilizar plataformas como Transfermóvil y Enzona para cobrar y pagar a sus clientes, las condiciones técnicas del país convierten esa obligación en una fuente constante de dificultades.

El caso de Enzona resulta especialmente llamativo. A diferencia de otras aplicaciones que pueden realizar algunas operaciones mediante redes internas, esta plataforma depende del acceso a Internet para funcionar correctamente. Esto significa que, si la conexión falla o es demasiado lenta, el comerciante no puede cobrar y el cliente no puede pagar.

El problema no radica únicamente en la aplicación. El verdadero obstáculo es el entorno donde debe operar. Cuba continúa enfrentando una infraestructura de telecomunicaciones con múltiples limitaciones: conexiones inestables, frecuentes interrupciones del servicio y una velocidad de Internet que durante años ha sido señalada entre las más bajas de la región en distintos estudios internacionales. En esas condiciones, exigir el uso obligatorio de una plataforma que depende de una conexión estable parece ignorar la realidad cotidiana de millones de ciudadanos.

Para un pequeño emprendedor, cada venta perdida representa ingresos que no recuperará. Cuando un cliente espera varios minutos para que una operación sea procesada, muchas veces termina desistiendo de la compra. Otros optan por marcharse o buscar un negocio donde puedan pagar de manera más rápida. Al final, quien asume las consecuencias económicas no es la plataforma, sino el trabajador que intenta mantener su negocio funcionando.

También existen afectaciones para los consumidores. Nadie desea permanecer largos minutos esperando que una aplicación responda mientras la señal de Internet desaparece o la operación queda "procesándose". Lo que debería facilitar las transacciones termina generando molestias, retrasos e incertidumbre.

La contradicción es evidente. Por un lado, el Estado impulsa la bancarización y promueve el uso de herramientas digitales como símbolo de modernización. Por otro, esa estrategia se desarrolla en un país donde todavía persisten serias deficiencias en la conectividad, frecuentes apagones eléctricos y dificultades para acceder a un servicio de Internet estable y de calidad.

La transformación digital no puede imponerse únicamente mediante resoluciones administrativas. Para que funcione, primero deben existir las condiciones técnicas que la hagan viable. De lo contrario, la tecnología deja de ser una solución para convertirse en un obstáculo adicional para quienes producen, venden o prestan servicios.

Ningún proceso de modernización será exitoso si se basa exclusivamente en la obligación. La confianza de los usuarios se gana cuando las herramientas funcionan de manera eficiente, ofrecen estabilidad y facilitan la vida de las personas. Cuando ocurre lo contrario, la percepción ciudadana es que la carga recae siempre sobre el emprendedor y el consumidor, mientras los problemas estructurales permanecen sin resolver.

La digitalización puede ser una oportunidad para impulsar el desarrollo económico. Pero en Cuba, mientras la infraestructura tecnológica continúe rezagada respecto a las exigencias que se imponen, muchos seguirán preguntándose si el problema es la resistencia al cambio o la falta de condiciones reales para que ese cambio sea posible.

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