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"Cuando la Constitución se convierte en papel mojado: el abandono del adulto mayor en Cuba".

Desde la Redacción de #CubaHoy

El Artículo 88 de la Constitución cubana establece con solemnidad que “el Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores”. También proclama el deber de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración social. En apariencia, este apartado proyecta una visión de país protector, respetuoso de la dignidad de sus mayores. Sin embargo, basta con mirar la realidad para confirmar que no pasa de ser un engañoso enunciado: letra muerta en una Constitución convertida en papel mojado.


Cuba es hoy una de las naciones más envejecidas de América Latina, con un porcentaje creciente de su población por encima de los sesenta años. En condiciones normales, este fenómeno debería implicar políticas públicas serias, sistemas de pensiones sólidos, programas de apoyo comunitario y servicios de salud especializados. Pero ocurre lo contrario: la crisis financiera sistémica, la inflación desbordada y el éxodo masivo que ha fracturado familias enteras y reducido las redes de apoyo intergeneracionales, han dejado a miles de ancianos en una situación de extrema vulnerabilidad. El Estado, lejos de cumplir con su mandato constitucional, se muestra indiferente, incapaz de diseñar o ejecutar programas sociales eficaces que protejan a quienes más lo necesitan.


La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el envejecimiento debe abordarse con un enfoque de derechos humanos, garantizando acceso a la salud, seguridad económica y participación plena en la sociedad. La CEPAL insiste en que el envejecimiento poblacional en la región requiere sistemas de protección social integrales que eviten la exclusión y la pobreza en la vejez. La propia Asamblea General de la ONU, a través de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, establece la obligación de los Estados de asegurar independencia, cuidados, autorrealización y dignidad para los adultos mayores. Cada una de estas recomendaciones choca con la realidad cubana, donde la vejez se vive entre el abandono estatal y la sobrevivencia a duras penas.


A diferencia de países como Uruguay o Costa Rica, donde los sistemas de seguridad social han logrado articular pensiones universales, redes de cuidados comunitarios y políticas públicas de envejecimiento activo, en Cuba la “protección” no pasa de ser un discurso vacío. Ni la pensión mínima cubre la canasta básica, ni el sistema de salud, desprovisto de medicamentos esenciales, garantiza tratamientos adecuados. El resultado es evidente: ancianos que dependen de remesas del exterior, otros que mendigan en calles y mercados, y miles que se enfrentan en soledad a la inseguridad alimentaria y al deterioro de su salud sin apoyo real.


Desde la perspectiva jurídica, el problema adquiere mayor gravedad. Si el propio Estado cubano incumple lo dispuesto en su Constitución, incurre en un claro desacato al principio de supremacía constitucional, uno de los fundamentos del Estado de derecho. El Artículo 88 se convierte así en un testimonio del doble discurso oficial: proclamar derechos que en la práctica se violan de manera sistemática. En cualquier sistema democrático funcional, este incumplimiento generaría responsabilidad política y jurídica para las autoridades. En Cuba, en cambio, la norma sirve únicamente como un ornamento ideológico, mientras la realidad de los ancianos queda reducida al abandono más cruel.


El Artículo 88 debería ser un pilar de dignidad y justicia para quienes construyeron la nación con décadas de trabajo y sacrificio. Sin embargo, se ha convertido en el símbolo del fracaso de un modelo que no puede honrar ni siquiera su propia ley suprema. La Constitución, que debería ser garantía, ha quedado reducida a un instrumento de propaganda, y los adultos mayores, que deberían ser prioridad en una sociedad que envejece, se han convertido en las víctimas olvidadas de un Estado que los condena a vivir y morir en el desamparo.


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