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HABLANDO DE LEYES


⚖️ Cuando las leyes dejan de proteger al ciudadano


En cualquier sociedad democrática, las leyes deben estar al servicio de las personas. Su función es proteger los derechos, establecer límites al poder, garantizar la justicia y asegurar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, sin importar sus ideas políticas, su posición económica o su manera de pensar.


Pero ¿qué ocurre cuando las leyes, en lugar de proteger al ciudadano, terminan convirtiéndose en herramientas para controlar su conducta, limitar sus libertades o castigar la discrepancia?


En Cuba, esta pregunta merece una reflexión profunda.


La Constitución de 2019 reconoce derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, la reunión, la manifestación y la asociación. Sin embargo, también establece principios y condiciones que generan importantes contradicciones cuando se analiza el ejercicio real de esas libertades.


El artículo 5 coloca al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. El artículo 4 declara irrevocable el sistema socialista. Y mientras la Constitución reconoce derechos individuales, distintas normas legales establecen límites que pueden afectar su ejercicio.


Ahí aparece una cuestión fundamental: ¿puede hablarse de igualdad política cuando no existe una competencia plural entre diferentes proyectos políticos?


También debemos mirar el Código Penal, la legislación sobre telecomunicaciones y las normas de comunicación social. Su aplicación puede tener consecuencias sobre periodistas independientes, activistas, ciudadanos que publican opiniones en internet y personas que expresan críticas contra las autoridades.


No se trata de afirmar que toda ley es injusta ni que una sociedad pueda funcionar sin normas. Toda nación necesita leyes. El problema comienza cuando las normas son ambiguas, cuando se aplican de manera desigual o cuando expresar una opinión crítica puede convertirse en motivo de persecución.


Una ley justa debe cumplir principios esenciales: ser clara, respetar los derechos humanos, aplicarse por igual a todos y permitir que los ciudadanos puedan reclamar ante tribunales verdaderamente independientes.


Porque la legalidad no es simplemente que una autoridad publique una norma en la Gaceta Oficial. La verdadera justicia exige que esa norma respete la dignidad humana y que también limite el poder de quienes gobiernan.


En Cuba, el debate no debería reducirse a preguntar si existen leyes. La pregunta más importante es si esas leyes protegen por igual al ciudadano frente al Estado.


¿Quién protege al ciudadano cuando considera que una autoridad ha violado sus derechos? ¿Qué garantías tiene una persona que piensa diferente? ¿Puede un periodista investigar al poder sin temor a represalias? ¿Puede un ciudadano organizarse pacíficamente y defender un proyecto político distinto?


Estas no son preguntas contra un país. Son preguntas a favor de sus ciudadanos.


Una nación no se fortalece silenciando las críticas, sino garantizando que cada persona pueda ejercer sus derechos sin miedo.


Las leyes deben estar por encima de los gobernantes, no al servicio de ellos. Porque cuando la ley protege al poder, pero deja desprotegido al ciudadano, deja de cumplir su propósito más importante.


Cuba necesita leyes que garanticen derechos, instituciones que rindan cuentas y una justicia que no dependa de la ideología de quien reclama.


La ley debe ser el escudo del ciudadano, nunca la cadena que lo mantiene en silencio.



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