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HABLANDO DE LEYES

⚖️ El codigo penal en Cuba como instrumento de criminalización ante la protesta por la crisis actual.

●El código muestra la intención de "legalizar" la criminalización del ejercicio de derechos —en teoría reconocidos constitucionalmente—cuando se contraponen a sus intereses de eternización en el poder.
●Como ejemplo artículo 120 en el anteproyecto aprobado por la ANPP. El artículo considera delito el intento —mediante el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales — de cambiar, total o parcialmente, la Constitución de la República
o la forma de Gobierno por ella establecida  o impedir en todo o en parte, aunque sea temporalmente, al presidente, vicepresidente de la República o a los órganos superiores del Estado y del Gobierno, el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior implica que el nuevo Código Penal establece que quien, con la intención de cumplir algunos de los objetivos enunciados, puede ser sancionado con penas de entre cuatro y diez años de prisión.
Según se expresada también en el nuevo CP (artículo 202), las personas ejercitan de manera arbitraria un derecho cuando en lugar de recurrir a la autoridad competente para ejercer un derecho que le corresponda o razonablemente crea corresponderle, lo ejerza por sí mismo empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas para ejecutar el hecho y siempre que este, por sus resultados, no constituya un delito de mayor entidad.Por tanto se entiende que la arbitrariedad en el ejercicio de un derecho depende de tres cuestiones fundamentales:
1. No recurrir a la autoridad competente para atender el reclamo o que, en teoría, la autoridad tiene que ofrecer permiso para que se acometa una acción determinada.
2. Ejercitar el derecho por sí mismo, sin autorización o venia de la autoridad.
3. Ejercer violencia o intimidación en las personas o fuerza durante el ejercicio del
derecho.
En buena técnica jurídica no se ha producido un ejercicio arbitrario de derechos si falta alguno de estos elementos en la conducta del imputado.
Por tanto, no puede hablarse de arbitrariedad si no se emplea violencia, intimidación o fuerza al momento de ejercitar un derecho.
En consecuencia según el artículo 120 del nuevo Código Penal, este no se alicaría contra quienes ejerciten un derecho de forma pacífica.
Aun no cumpliendo las formalidades legales establecidas.
En el CP de 1987 no existía un delito como el que regula el artículo 120 del anteproyecto aprobado. De acuerdo con la exposición de motivos del nuevo CP, su inclusión responde a lo establecido en el artículo 90, inciso g, de la Constitución. Este
último reconoce como responsabilidad de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios .
La regulación de esta modalidad como parte de los delitos contra el orden constitucional, parece responder más al artículo 4 de la carta magna que al 90. Es el artículo 4 el que reconoce el carácter irrevocable del socialismo cubano y su modelo político, cuya inmutabilidad pretende protegerse al criminalizar el ejercicio de
derechos constitucionales cuando lo que se persiga sea subvertir el orden político,
económico y social de la nación .
El artículo 4 de la Constitución fue el que utilizaron las autoridades cubanas para negar la solicitud de una marcha por el cambio formulada en noviembre de 2021 por los miembros de la plataforma Archipiélago. La negativa se centró en que los gestores la marcha promovían un cambio de sistema . El artículo 4 de la Constitución también fue utilizado por los jueces cubanos para justificar las sanciones de muchos
manifestantes del 11J.
La inclusión del artículo 120 en el nuevo Código Penal niega la posibilidad de que en Cuba exista el derecho a cambiar mediante la fuerza o la violencia el orden constitucional que termina cuando comienza la oposición al socialismo. El artículo, además, deviene otro mecanismo de represión política ante la inexistencia de vías efectivas para promover cambios estructurales de manera pacífica y democrática.
En teoría, la forma en la que se puede cambiar de forma legal la Constitución en Cuba es reuniendo 50 mil firmas de cubanos con derecho al voto. Sin embargo, para reunir esas firmas es preciso que el Registro Electoral emita una certificación de elector a cada uno de los firmantes. Hasta la fecha no existe ninguna norma que regule cómo se solicita, dónde y bajo qué circunstancias el Registro Electoral emitiría esa certificación. La Ley Electoral data de agosto de 2019 y aún no se ha emitido su reglamento. Un reglamento que debería normar estos particulares y que, de acuerdo con la Ley Electoral, debió emitirse antes de los seis meses posteriores a la promulgación de la legislación.
En resumen, hoy existe nominalmente la posibilidad de cambiar la Constitución. Pero no existen los mecanismos para que la ciudadanía pueda cumplir con los requisitos formales que requiere la ley. A eso debemos sumarle la existencia de aparatos represivos que persiguen cualquier iniciativa ciudadana que intente cambiar las bases del sistema, incluso, mediante formas legales y pacíficas.
Ante la inexistencia de mecanismos legales efectivos para cambiar la Constitución y la imposibilidad de que la ciudadanía pueda pedir de modo directo la suspensión o revocación de los más altos funcionarios estatales, como el presidente de la República, ¿qué otra alternativa le queda al pueblo para promover los cambios
sociales a los que aspira?
La respuesta es sencilla: la rebelión. Rebelión se llamaba en el CP de 1987 el delito dentro del cual se ubica en el nuevo código la modalidad regulada en el artículo 120. Su inclusión demuestra, sobre todo, que el régimen cubano no tiene intención de favorecer un cambio legal y pacífico impulsado por la ciudadanía. De ahí que no haya creado el marco legal para favorecer el impulso de propuestas de cambios estructurales amparados por la ley y, al mismo tiempo, haya —eso sí— construido todas las bases para reprimir a quienes —ante la inexistencia de otras vías— asalten al poder y pongan —como dice el CP— en peligro el orden constitucional y la forma de Gobierno que les ha permitido perpetuarse.
El artículo 120 del nuevo Código Penal ofrece otro mecanismo de criminalización de la protesta, de la articulación cívica contra el poder y la forma de Gobierno impuesta como única alternativa. Es también una muestra de la influencia de las protestas del 11J en la formulación del nuevo CP.
Fueron muchos los malabarismos que utilizaron los jueces cubanos para sostener las sanciones por sedición contra más de un centenar de protagonistas del 11J. Quienes se manifestaron en los lugares en los que se produjeron hechos violentos, fueron calificados sediciosos. Fue la violencia lo que diferenció el tratamiento dado a los manifestantes de Toyo y la Güinera; pues el otro elemento empleado por los jueces para justificar sus sentencias se reprodujo como reclamo en todo el país: el cambio de régimen y del orden constitucional socialista. No obstante ni siquiera es necesario el artículo 120 para enfrentar esos actos individuales, la nueva ley ha creado un arsenal nada despreciable que considera delito cualquier acto provocador que se desarrolle en el espacio público.
Los delitos contra el orden constitucional están destinados a criminalizar la protesta violenta de forma diferenciada y severa; pero sin recurrir a figuras más alarmantes para la comunidad internacional y la opinión pública como la sedición. Los marcos sancionadores del artículo 120 del nuevo Código Penal (de cuatro a diez años de prisión) son estrictos, pero no llegan a los niveles del delito de sedición que también aumentaron en la nueva normativa (de diez a 30 años de prisión o incluso pena de muerte