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⚖️🇨🇺 Ley 172: el régimen cubano convierte la ciudadanía en un arma política

A partir de noviembre de 2026 entrará en vigor en Cuba la nueva Ley 172 de Ciudadanía, una normativa publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo de 2026 que otorga al Estado amplias facultades para privar de la ciudadanía cubana a quienes considere contrarios a los intereses del sistema político controlado por el Partido Comunista. La ley incorpora oficialmente mecanismos que durante décadas se aplicaron de facto contra opositores, activistas y voces críticas.

El artículo 55 de la norma establece dos causales principales para la privación de ciudadanía: alistarse en organizaciones armadas contra el Estado cubano o, desde el extranjero, realizar actos considerados “contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba”. El problema jurídico radica en que esos “altos intereses” no aparecen definidos de manera precisa dentro de la propia ley, dejando la interpretación completamente en manos de las autoridades estatales y de los órganos del Ministerio del Interior.

📑 La propia Ley 172 fortalece además el peso de la llamada “Defensa y Seguridad Nacional” como principio rector de su aplicación, junto a conceptos como “patriotismo” y “lealtad”. En la práctica, esto permite que decisiones relacionadas con la ciudadanía se evalúen bajo criterios políticos e ideológicos más que mediante estándares jurídicos objetivos. Según el artículo 73, el Minint será el encargado de instruir y controlar los expedientes de privación, además de administrar el Registro de Ciudadanía.

Otro de los puntos más polémicos aparece en el artículo 55.2, donde se permite avanzar en procesos de privación contra personas que “no residan de forma efectiva en el país”, incluso si no poseen otra ciudadanía. Especialistas han advertido que esta redacción abre la puerta a situaciones de apatridia y deja vulnerables a miles de cubanos emigrados. A esto se suma el artículo 55.3, que autoriza una vía sumaria para retirar la ciudadanía cuando las autoridades consideren que existe un “grave perjuicio” para la seguridad nacional o la estabilidad del Estado, eliminando requisitos y formalidades del procedimiento ordinario.

🚨 La decisión final quedará exclusivamente en manos del presidente de la República mediante decreto presidencial. La Ley 172 no contempla una revisión judicial independiente previa y limita los recursos legales a una simple solicitud de Reforma ante el propio presidente que dictó la medida. Mientras tanto, la Resolución 24/2025 del Minint crea el Registro de Ciudadanía, donde las privaciones, pérdidas o renuncias quedarán inscritas automáticamente y notificadas a todos los registros públicos del país. Para muchos juristas y observadores, la nueva legislación establece un marco legal que fortalece el control político del Estado sobre uno de los derechos más sensibles de cualquier ciudadano: su nacionalidad.

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