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"Incompetencia o complicidad? El fracaso del mando político con Alejandro Gil"

Desde la Redacción de #CubaHoy

La Constitución de la República de Cuba (2019) es tajante:

El Presidente de la República debe “cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes” y “dirigir la política general del Estado” (Artículo 128, incisos a y b).

El Primer Ministro es el “jefe del Gobierno de la República”, responsable de “organizar, dirigir y controlar la labor del Consejo de Ministros” (Artículos 140 y 142).

Es decir: ningún ministro puede actuar al margen del conocimiento, control o supervisión del Presidente y el Primer Ministro.

Entonces, ¿cómo se explica que Alejandro Gil Fernández, durante años figura clave en la economía nacional, esté hoy acusado de espionaje, malversación, evasión fiscal, falsificación de documentos, tráfico de influencias y lavado de activos, sin que el aparato de Gobierno “supiera” lo que ocurría?

 ¿Ignorancia o encubrimiento?

El propio discurso oficial intenta presentar el caso como un “error personal”, un desvío aislado.

Pero si el Presidente Miguel Díaz-Canel y el Primer Ministro Manuel Marrero no sabían nada, eso solo prueba una incompetencia alarmante, una ausencia total de control sobre quienes manejan los destinos económicos del país.

Y si sí sabían, entonces hablamos de complicidad política y encubrimiento institucional.

Ambas posibilidades son inaceptables en cualquier sistema que se diga “socialista” o “legalista”.

"Las leyes que ellos mismos violaron"

1. Violación del Artículo 128 inciso a): el Presidente no garantizó el cumplimiento de la Constitución ni de las leyes al permitir que un alto funcionario incurriera en delitos graves durante su mandato.

2. Violación del Artículo 142 inciso d): el Primer Ministro tenía la obligación de “dirigir y controlar” la actividad de todos los ministros. El caso Gil demuestra un abandono total de esa responsabilidad.

3. Incumplimiento del principio de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, previsto por la propia Carta Magna.

4. Negligencia política en la supervisión del Consejo de Ministros, órgano colegiado que debía garantizar transparencia, legalidad y eficacia administrativa.

"Cuando la cúspide del poder viola su propia Constitución, el Estado de Derecho deja de existir".

"Un sistema podrido desde arriba"

Durante años, Gil fue presentado como el arquitecto del “rescate económico” y el rostro de la Tarea Ordenamiento, una política que hundió aún más al pueblo en la pobreza.

Hoy, ese mismo régimen nos dice que era un delincuente.

Pero nadie explica cómo llegó hasta ahí, quién lo supervisó, o por qué se le permitió tanto poder sin control real.

La corrupción de Gil no es un accidente: es el síntoma de un sistema que no rinde cuentas, que no fiscaliza y que castiga al pueblo por los crímenes de sus élites.

"Preguntas que el régimen debe responder"

1. ¿En qué momento se detectaron las irregularidades de Alejandro Gil y por qué no se informó antes al país?

2. ¿Por qué Díaz-Canel y Marrero no han asumido públicamente su responsabilidad política por el fracaso del control gubernamental?

3. ¿Qué otros funcionarios participaron o se beneficiaron de las decisiones de Gil durante su gestión?

4. ¿Qué mecanismos de auditoría interna se aplicaron en el Ministerio de Economía durante esos años?

5. ¿Quién responde ante el pueblo por el daño económico y moral causado por esta trama de corrupción?

El caso de Alejandro Gil es mucho más que un escándalo de corrupción:

es la evidencia del derrumbe institucional del Estado cubano, donde los encargados de hacer cumplir la ley son los primeros en violarla, y donde el poder se ampara en la ignorancia como excusa.

Si el Presidente y el Primer Ministro no sabían, no gobiernan.

Y si sí sabían, no merecen seguir gobernando.

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