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"¿Puede el régimen cubano ser llevado ante la Corte Penal Internacional?"

Por: Juan Manuel Moreno Borrego 

Aunque el régimen cubano no enfrenta en este momento una investigación formal por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI), la evidencia acumulada sobre su implicación en Venezuela y su propio historial represivo abre un debate jurídico y político que no puede ser ignorado. Las denuncias apuntan a una maquinaria represiva coordinada con organismos venezolanos, donde agentes cubanos habrían jugado un papel central en asesorías y operaciones de tortura, persecución política y represión social. Este vínculo internacional pone a Cuba en el radar de una posible imputación futura, aunque el camino es complejo.

En el plano interno, la isla enfrenta acusaciones graves de violaciones sistemáticas de derechos humanos: detenciones arbitrarias, censura, represión de la disidencia, control absoluto de la vida social y política. Sin embargo, el gran obstáculo es jurídico: Cuba no es parte del Estatuto de Roma, por lo que la CPI no puede investigar directamente los crímenes cometidos en su territorio, salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga, un escenario difícil por el peso geopolítico de países aliados al régimen. Aun así, informes de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional siguen alimentando el expediente moral contra el castrismo.

La cuestión clave es cómo tipificar los crímenes del régimen. No se ajustan al concepto de genocidio, que requiere intención de exterminio de un grupo específico, pero sí pueden encajar en la definición de crímenes de lesa humanidad: actos sistemáticos y generalizados contra la población civil. El camino hacia la CPI exige denuncias sólidas, recopilación de testimonios y respaldo internacional. La denuncia presentada por la abogada Tamara Suju es un paso en esa dirección, no solo para Venezuela, sino también como un precedente que podría alcanzar a Cuba. La justicia internacional avanza lentamente, pero la presión ciudadana y de organismos internacionales puede abrir grietas en la impunidad que el régimen ha disfrutado durante décadas.

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