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¿Tu tierra o del Estado? La verdad detrás de la ley en Cuba

Desde la Redacción #CubaHoy

La historia legal de la tierra en Cuba es un claro reflejo de cómo el poder político ha manipulado las promesas sociales para mantener el control absoluto sobre los campesinos. En 1959, con la Primera Ley de Reforma Agraria, el gobierno revolucionario proclamó que “la tierra es para quien la trabaje”. Ese discurso despertó esperanzas en miles de familias rurales que por generaciones habían vivido en condiciones precarias bajo grandes latifundios privados.

Sin embargo, lo que parecía ser una conquista popular se convirtió en otra forma de monopolio. La Segunda Ley de Reforma Agraria (1963) radicalizó la medida y estatizó casi la totalidad de la tierra productiva del país. El campesino dejó de ser dueño para convertirse en usufructuario, es decir, un trabajador autorizado temporalmente a explotar la tierra, pero sin derechos reales de propiedad. La consigna oficial nunca coincidió con la letra de la ley.

Hoy, más de seis décadas después, la nueva legislación (Art. 19) no corrige esa injusticia, sino que la reafirma: la tierra sigue perteneciendo al Estado, sin importar cuánto se trabaje o se invierta en ella. El resultado es un círculo vicioso: sin propiedad no hay seguridad, sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay desarrollo agrícola sostenible. El campesino cubano no puede heredar su finca, ni hipotecarla, ni usarla como garantía para obtener crédito, porque simplemente no es suya.

Las consecuencias son devastadoras para la economía y la vida rural. En lugar de incentivar la producción, el sistema genera dependencia total del Estado, que puede retirar el usufructo por “incumplimiento” o criterios ambiguos. Esto obliga a los campesinos a operar bajo el miedo constante de perder su medio de vida. Así, la tierra que debería ser un derecho se transforma en un instrumento de control político.

El discurso de “la tierra para quien la trabaje” fue una promesa incumplida. Lo que existe en la práctica es un modelo de servidumbre moderna, donde los campesinos no son dueños de su trabajo ni de su futuro. La ley, en vez de empoderarlos, los ata aún más a la voluntad del Estado.

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