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"La Gran Farsa de la Revocación: Cuando la Ley Sirve al Poder y No al Pueblo".

La Ley 135 de Revocación de Mandatos, presentada por el régimen cubano como una herramienta de participación ciudadana y control democrático, es en realidad un complejo andamiaje legal que simula empoderar al elector mientras lo mantiene fuera de los espacios donde realmente se toman decisiones. En el centro de esta ley está el Artículo 10, que establece quién puede revocar a quién, y ahí se revela su trampa más grande: los ciudadanos solo pueden revocar a los delegados de circunscripción, es decir, al eslabón más bajo de la cadena de mando político. A partir de ese punto, todo el proceso de revocación se convierte en un juego interno entre estructuras del poder, completamente cerrado a la participación directa del pueblo.

Así, los delegados revocan a sus presidentes municipales, los delegados municipales a los diputados, y solo la Asamblea Nacional tiene la potestad de revocar a su propia directiva, al Consejo de Estado, y al mismísimo Presidente de la República. El ciudadano, el supuesto soberano, no tiene derecho legal alguno a exigir ni promover la revocación de los dirigentes que realmente gobiernan su vida. Esto convierte al sistema en una parodia de democracia, donde el único espacio de acción real está restringido a la base, la circunscripción, mientras las alturas del poder permanecen blindadas, inmunes al control popular.

Además, las causales para la revocación son deliberadamente ambiguas y fácilmente manipulables: incumplimiento reiterado de funciones, hechos que hagan desmerecer del buen concepto público, o conductas incompatibles con el honor del cargo. Pero incluso si estas causas se cumplieran, la decisión de revocar no depende de los votantes, sino de una comisión designada, que filtra y decide si la revocación procede o no. Es decir, el ciudadano queda doblemente excluido: no solo no tiene acceso al proceso de revocación a niveles superiores, sino que ni siquiera puede determinar directamente si un funcionario de base merece ser revocado.

En resumen, la Ley 135 no empodera al pueblo, lo neutraliza. Es una arquitectura legal que garantiza la estabilidad de un poder político centralizado y excluyente, donde los mecanismos de control son meras fachadas. Bajo esta ley, la ciudadanía sigue siendo espectadora de un juego donde nunca le toca mover. ¿Hasta cuándo seguirá vendiéndose como democracia lo que en realidad es un modelo de dominación política cuidadosamente blindado?

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