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"Código de Niñez en Cuba: ¿avance jurídico o herramienta ideológica?"

Desde la Redacción de #CubaHoy

El pasado 18 de julio, el Parlamento cubano aprobó el nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, una legislación que, en el papel, pretende modernizar los marcos legales que rigen la vida de niños, adolescentes y jóvenes en la isla. A primera vista, el Código introduce un enfoque más integral en la protección de derechos. Sin embargo, al analizar su contenido en el contexto político y judicial cubano, surgen preocupaciones legítimas sobre su aplicación y sus verdaderas intenciones.

Uno de los puntos más polémicos del nuevo texto legal es la definición de la mendicidad infantil como una forma de esclavitud moderna. El Código no se limita a condenar esta práctica, sino que impone sanciones severas a los padres cuyos hijos trabajen o mendiguen en las calles. Aunque es correcto proteger a los menores de situaciones de explotación, en el caso cubano esta disposición se torna problemática. ¿Cómo puede criminalizarse a familias que, sumidas en una crisis económica estructural, se ven obligadas a sobrevivir con la ayuda de sus hijos? En lugar de medidas de protección social, el régimen responde con castigo, ignorando que la mendicidad infantil en Cuba es consecuencia directa de la miseria que genera el propio sistema.

Otro de los pilares del Código es el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los menores. Se afirma el principio de autonomía progresiva, lo cual significa que un niño o adolescente podría, según su madurez, tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo el acceso al aborto o incluso cirugías de reasignación de sexo en menores intersexuales. En abstracto, este principio parece respetuoso de la dignidad infantil. Pero en la práctica cubana, donde no existen tribunales especializados, ni protocolos técnicos claros para evaluar la madurez emocional o cognitiva de un menor, se corre el riesgo de convertir esta supuesta autonomía en una herramienta manipulable por el Estado o sus instituciones.

El Código no explica cómo se medirá esa madurez, ni quién lo hará, ni bajo qué garantías. En un país con un sistema judicial sin independencia, y donde las decisiones políticas pesan más que las valoraciones clínicas o familiares, el margen de arbitrariedad es enorme. ¿Qué sucederá si un menor desea una intervención médica y sus padres se oponen? ¿O viceversa? ¿Quién decidirá en última instancia? Estas son preguntas que el Código deja sin respuesta, y que abren la puerta a interpretaciones peligrosas y violaciones de derechos tanto de menores como de sus familias.

Además, llama la atención que el Estado cubano —el mismo que persigue a opositores menores de edad, que encarcela a adolescentes por manifestarse y que reprime la libertad de expresión juvenil— pretenda ahora presentarse como garante de los derechos infantiles. ¿Con qué autoridad moral impone un Código de protección cuando niega el derecho a opinar, protestar o asociarse a los jóvenes que no comulgan con la ideología oficial?

En resumen, el nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba parece más un documento de buena imagen internacional que una herramienta realmente justa. Si no se acompaña de reformas estructurales, de independencia judicial, de justicia social y de respeto a las libertades, será otra ley bonita sobre el papel, pero peligrosa en manos del poder.

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